48 horas para lo imposible

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48 horas para lo imposible

La votación de la Ley de Inversiones del Gobierno se postergó para el jueves. El gobierno tiene dos días para sumar 70 votos. La Izquierda Democrática juega al anticapitalismo radical: se opone hasta a los peajes.

Debate de la ley de inversiones
Presidenta. Guadalupe Llori (aquí saludando con socialcristianos y gobiernistas) suspendio la sesión hasta el jueves a las 13:00.Angelo Chamba / EXPRESO

Dos días de gracia. Hasta las 13:00 del jueves 24 de marzo tiene el Gobierno para conseguir los votos que le faltan para aprobar su Ley de Inversiones. ¿Misión imposible? Entre asambleístas de CREO, independientes y el Partido Social Cristiano, que no solo piensa votar a favor de la ley sino que ya se la está atribuyendo (“Lo que ofrecemos al pueblo lo cumplimos”, dice un comunicado que circuló este martes), suman 46. Necesitan 70. Aspiran a convencer a 15: los de la Izquierda Democrática, con quienes la negociación continúa abierta. Les siguen faltando nueve, que sólo pueden provenir de Pachakutik. Pero Pachakutik ya optó por la intransigencia: su demanda de eliminar de la ley toda mención a las asociaciones público-privadas (columna vertebral de la propuesta del Gobierno) los coloca de espaldas a cualquier posibilidad de acuerdo. Con esos números ya jugados arrancó el segundo y definitivo debate de la ley la mañana de este martes. Pasado el mediodía, Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de CREO, pidió detenerlo y devolver el proyecto de ley a la Comisión de Desarrollo Económico donde todo, dijo, se volverá a negociar. El jueves a las 13:00 se reinstalará la sesión, con el texto definitivo, para someterlo a votación.

¿Hasta dónde es capaz de ceder el Gobierno sin desnaturalizar la ley? Eliminar las alianzas público-privadas, como exige Pachakutik, es un absurdo fuera de discusión, dijo a EXPRESO la asambleísta de CREO Nathalie Arias. Otros “puntos medulares” que se han propuesto defender son el esquema de zonas francas (que no ha cosechado mayores críticas) y las reformas al mercado de valores. Este último es el tema de desacuerdo fundamental con la Izquierda Democrática. Concluida la sesión, las principales cabezas de la bancada de gobierno se trasladaron a Carondelet, probablemente para acordar con el presidente las líneas rojas de su proyecto. En otras palabras: hasta dónde ceder.

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En cuanto al debate, que duró poco menos de cuatro horas y en el que los asambleístas de oposición (correísmo y Pachakutik) llevaron la voz cantante, se ha reducido a un diálogo de sordos. Las posiciones ideológicas pesan más que los datos de la realidad y el fantasma de las privatizaciones, que el proyecto de ley niega explícitamente y los legisladores de CREO se esforzaron por desvanecer, planea sobre el horizonte. “Los bienes del pueblo no pueden ser entregados a manos privadas”, dijo Joel Abad y marcó, con esas palabras, la ruta del debate. Donde la ley habla de delegación (en el caso de las carreteras, por ejemplo), la izquierda lee venta o transferencia. De nada sirvió que Nathalie Arias insistiera en que las privatizaciones están prohibidas por la Constitución y que el esquema de alianzas público-privadas está vigente desde 2015. La narrativa de que la Ley de Inversiones es una ley privatizadora se repitió de principio a fin en la sesión.

En este simulacro de debate, la Izquierda Democrática desempeñó el papel que décadas atrás le estaba reservado al MPD: anticapitalismo a ultranza. A tal extremo llegaron que se opusieron incluso al cobro de peajes en las carreteras. En palabras de Marlon Cadena, quien llevó la vocería del partido en este debate: “Se pondrán peajes y nosotros sabemos cuánto significa eso para el aparato productivo del país. Al no haber una norma, y no fijar franjas, límites, alcances, estamos hablando de que la delegación de las vías tenga una amplitud de peajes que vayan justamente al aparato productivo propio del país y que es el que genera trabajo”. Gramática confusa, intenciones claras. Parece que esta radicalidad demostrada por la Izquierda Democrática en el debate tiene por objeto forzar el margen de negociación.

El clímax del debate se produjo, como en otras ocasiones, cuando tomó la palabra Fernando Villavicencio. Ni bien se pronuncia su nombre en el salón del Pleno, un rumor de voces y ruiditos incómodos se levanta en la bancada correísta: nerviosos se reacomodan en sus asientos los asambleístas, se alertan unos a otros, se preparan para reaccionar y lo hacen como saben: a los gritos. Villavicencio conoce más de su pasado que ellos mismos y se lo restriega en la cara: les cuenta cómo el gobierno de Rafael Correa renegoció los contratos con las empresas de telefonía celular; les recuerda quién es el dueño del cable submarino de fibra óptica; les hace notar que su propia camarada, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, acaba de concesionar la carretera Calacalí-La Independencia a una de las empresas de Arroz Verde. Por 15 años. Con tres peajes.

“¿Quién privatizó -pregunta Villavicencio- el Banco del Pacífico de Miami? El socialismo del siglo XXI. ¿Quién regaló a precio de gallina con peste el ingenio ECU 2 incautado a la banca chulquera? El rey del socialismo del siglo XXI”. Villavicencio habla y los correístas chillan (literalmente). No parecen percibir que al presidente de la Comisión de Fiscalización esa reacción le fascina. Mientras más le gritan, más se crece. “Qué fea voz”, dice refiriéndose a Mónica Palacios, que está fuera de sí. Se ríe, se regodea y no pierde la calma.

A la una en punto de la tarde concluyó el debate y fue suspendida la sesión. Se concedió 48 horas a la Comisión de Desarrollo Económico para presentar un texto definitivo de la ley para su votación el jueves. Se abre, para el Gobierno, un compás de difícil negociación. Si consiguen llegar a un consenso con la Izquierda Democrática, todavía les faltará nueve votos para sumar 70. Y esos nueve solo pueden salir de Pachakutik. No está claro cómo los van a convencer.

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