El caso Danubio se enreda en el manoseo político

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El caso Danubio se enreda en el manoseo político

La fiscal Salazar compareció en la Asamblea y dijo que las evidencias no son determinantes en esta etapa Los legisladores repartieron acusaciones

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Asamblea. La fiscal Diana Salazar centró su explicación del caso Danubio en los hechos sobre los cuales hay evidencias y se alejó de elucubraciones.Ángelo Chamba / EXPRESO

En el caso Danubio todos son culpables, según quien lo diga. El viernes 19 de agosto de 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se repartieron culpas a los exconsejeros ad honorem, a los funcionarios de la Aduana, a los líderes del partido de gobierno, a los legisladores socialcristianos, al correísmo, a Xavier Jordan, Jorge Chérrez, los dueños de Delcorp y hasta Leandro Norero.

Los legisladores, de todos los colores, aprovecharon las comparecencias para mostrarse indignados por la corrupción y abanderar la lucha contra el narcotráfico. Si eran del oficialismo atacaban al correísmo; si eran de UNES se iban contra el régimen de Guillermo Lasso.

Pero lejos del manejo político está la investigación fiscal y las evidencias obtenidas con orden judicial en un expediente por posible asociación ilícita.

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Richard García, procesado en el caso Danubio, prometió cargos a los que apoyaron a Lasso

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La fiscal general, Diana Salazar, hizo un recuento del caso. “Esta investigación está cargada de titulares, pero la investigación tiene otra realidad”, dijo la funcionaria y agregó: “Los casos no se basan en los titulares, sino en los hechos”.

Contó que en septiembre de 2021 llegó un parte policial sobre una denuncia hecha al 1800 DELITO. Ese parte detalla la denuncia de María Antonieta Reyes, entonces asesora de Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduana (Senae), quien narra cómo fue abordada por Juan Aucancela, un dirigente indígena que ofreció 3 millones de dólares por el cargo de subdirector de Operaciones de la Senae.

La Fiscalía y la Policía, con orden judicial, interceptaron las llamadas telefónicas de Aucancela, Sergio Peña (quien buscaba el cargo), Richard García (líder político del Guayas que impulsó la campaña a favor de Guillermo Lasso), entre otras personas.

La fiscal dijo que en este caso se han receptado 45 versiones y el expediente tiene cientos de documentos y pericias de audios y videos. “Entiendo que a nivel político la Asamblea necesita hacer un control, pero la Fiscalía se reserva dar mayores detalles del proceso a fin de salvaguardar la investigación”, manifestó Salazar.

La investigadora confirmó que Carola Ríos, directora de la Senae, le llamó por teléfono para denunciar el caso Danubio y la fiscal le dio instrucciones sobre cómo debía actuar.

Ríos dijo que mantuvo más reuniones con Aucancela y con otras personas. Estas fueron grabadas porque así se lo asesoraron. Salazar confirmó la versión de Ríos y dijo que así se preservaron las pruebas que dieron origen al caso.

Oficialmente ocho personas están procesadas, pero aunque se mencionan una y otra vez los nombres de Juan José Pons (ex consejero ad honorem de Lasso), Guido Chiriboga (presidente de CREO), Fabián Pozo, Iván Correa y Aparicio Caicedo (funcionarios de la Presidencia de la República y el círculo más cercano a Lasso), ninguno de ellos está procesado.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, el caso Danubio toca las fibras del narcotráfico, pues está en juego el control de los puertos y la verificación de los contenedores mediante escáneres.

La Senae y la Embajada de los Estados Unidos se han empeñado en impulsar este proyecto y el objetivo es luchar contra el tráfico de cocaína a través de cargas como banano, camarón y frutos.

Salazar señaló que todavía analizan las evidencias recuperadas en los allanamientos y, dependiendo de los hallazgos, se decidirá si se vincula a más personas, “sin importar los vínculos políticos”. Una de las casas allanadas fue la de Juan José Pons, a quien se le ha solicitado una versión voluntaria, pero él se excusó y no acudió.

La teoría de la Fiscalía es que se habrían ofrecido cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduana, en el Ministerio de Agricultura, en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y otras entidades.

No obstante, la adjudicación de estos cargos no logró concretarse y por eso la investigación se inició como posible concusión, pero tras no tener la certeza de que se entregaron cargos o dinero, se cambió a asociación ilícita.

La Comisión de Fiscalización también llamó a comparecer (pero no acudieron) a Aparicio Caicedo, el almirante Carlos Vallejo y Carola Ríos. Ella estuvo en un evento en el que presentó la estrategia de la lucha contra el narcotráfico.

Quien sí acudió fue el periodista Andersson Boscán, quien reveló un sinnúmero de datos que la fiscal Salazar no dio por verdaderos.

  • Personaje. En el caso hay ocho procesados. Uno es Richard García, quien fue condecorado por el legislador Luis Almeida e impulsó la campaña de Lasso.