La justicia blinda a Sofía Almeida e impide al pleno del CPCCS removerla del cargo

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La justicia blinda a Sofía Almeida e impide al pleno del CPCCS removerla del cargo 

Una jueza del cantón Samborondón aceptó la medida cautelar presentada por la presidente del Consejo contra cuatro consejeros

CPCCS- Almeida- presidencia
Sofía Almeida asegura que hay un plan para despojarla de la presidencia del organismo desde la nueva mayoría del CPCCS.Archivo/EXPRESO

Protegida por la justicia. La presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, puede de momento dormir tranquila luego de que la jueza multicompetente de Samborondón, Karly Vargas Alvarado, aceptara la medida cautelar a su favor lo que la mantiene como titular del Consejo.

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La jueza ordena “la suspensión provisional de todos los actos que emita el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los cuales se pretenda tratar moción y resolución de remoción del cargo de la Presidenta o alguno de los Consejeros de la institución, por no estar dentro de su competencia conforme lo determina la ley”.

En parte de su análisis, la magistrada del cantón de la provincia del Guayas concluye que el marco legal vigente le otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la competencia de designación de representantes de varias autoridades de instituciones públicas, “más no le da competencia para remover o destituir a su máxima autoridad ya que dicha función sólo le competente este labor a la Asamblea Nacional”.

La presidenta Almeida reaccionó en una rueda de prensa virtual desde las oficinas del Consejo en Guayaquil enfilando sus argumento en contra de los consejeros de mayoría Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa acusándolos de boicotear el trabajo del pleno, de los procesos de designación de autoridades y de impedir la aprobación de presupuesto. “Seguramente habrá un intento de apelar de esta medida y advierto sobre presiones que puedan existir sobre los jueces... Me he reservado a iniciar las acciones legales por difamación y daño a la moral porque han desinformado a los medios de comunicación”, replicó.

El consejero Ulloa, a través de su cuenta oficial de Twitter, cuestionó el domicilio del recurso presentado por Almeida y, por ende, la competencia de la jueza para conocer el mismo. 

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Almeida defendió el domicilio del proceso dado que ella realiza teletrabajo en su hogar (radicado en Samborondón) por lo que a su criterio la infracción se cometió en esa jurisdicción.