Columnas

Municipios que arden

Los ciudadanos merecemos cuentas claras y sanciones a los responsables de estos hechos condenables, especialmente en la delicada situación que atravesamos

El dinero de los municipios no es de su titular, ni de los concejales que votan para hacer las obras que consideran importantes; esos recursos son de nosotros, los ciudadanos, que esperamos las hagan para beneficio de nuestras jurisdicciones.

El editorial de Diario Expreso del pasado sábado anotaba con acierto la notoria y sorprendente diferencia que existe entre las reacciones de rechazo que públicamente han manifestado los miembros del Concejo Cantonal de Quito, en comparación con el silencio abrumador de su par guayaquileño ante los cuestionamientos sobre el mal manejo de recursos públicos del que ha sido objeto su burgomaestre.

Como mujer, madre, feminista, siempre rechazaré cualquier tipo de agresión hacia las mujeres, por ser un delito reprochable e intolerable; pero el centro de la polémica no son las vidas personales de los alcaldes de estos municipios que arden, sino sobre el adecuado manejo de los recursos del cabildo y las explicaciones que nos deben entregar sobre sus actuaciones dentro de esas entidades. Esto no pasa por discusiones ideológicas, aquí se trata de hechos que encierran beneficios sospechosos a personas cercanas, que deben ser aclarados lo antes posible. El mal uso de nuestros recursos nos debe indignar a todos, por lo que rendir cuentas es un deber imperativo de todo empleado público, incluidos los alcaldes y miembros de los consejos cantonales.

El funcionario público debe tener sensatez para entender que en medio de esta pandemia que está acabando con buena parte de la población, no debería destinar recursos a obras intranscendentes y ornamentales, que resultan grotescas frente a la necesidad urgente de salvar vidas y precautelar la salud de los ciudadanos.

Es obligación de los consejos cantonales y de las autoridades de control, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. La ciudadanía esta harta de la corrupción que ahoga a nuestro país. Los ciudadanos merecemos cuentas claras y sanciones a los responsables de estos hechos condenables, especialmente en la delicada situación que atravesamos.