Responsabilidad política hereditaria

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Responsabilidad política hereditaria

Pero lo peor -no es broma- es que aun de ser perniciosa la decisión de la Junta Monetaria, hay una cuestión que no puede curar ni entrando al túnel del tiempo’.

Existe ahora el juicio político por actos de antecesor. Es moda nueva, que pudiera llamarse, qué sé yo, “hereditaria” en el cargo. Empezó con el procurador del Estado, a quien su interpelante lo acusa, por el caso Perenco, pese a que cuando se posesionó el doctor Salvador el asunto ya estaba perdido (respecto de la responsabilidad del Estado) y el trámite sobre la cuantía de la indemnización estaba concluido (todo durante el período de su antecesor, Diego García).

El turno ahora es de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui.

Uno de los motivos en que se funda el juicio político planteado en su contra por el asambleísta Darwin Pereira Chamba (El Oro, Pachakutik), es la supuesta “sigilosa y cómplice intervención de la autoridad principal del ente de control financiero” que se habría producido por causa de una resolución dictada por la Junta Monetaria el 21 de diciembre de 2018, en la que se estableció que existía microcrédito cuando se concedía esa clase de préstamos ya no solo a quien tenía ingresos de hasta USD 100.000, sino de hasta USD 300.000.

Empecemos por lo de fondo. Según el interpelante, el “perjuicio” a los clientes sería que como en el microcrédito se cobra intereses mayores que en otra clase de préstamos, la ampliación de la base implicaría una “metida de mano a los bolsillos de los usuarios”, adefesio que cae por sí solo si se tiene en cuenta que no puede ser -no es- obligatorio que toda persona con ingresos de hasta USD 300.000 reciba créditos calificados como tales (quienes tienen ingresos de más de USD 100.000 pueden seguir recibiendo créditos comerciales o de consumo).

Pero lo peor -no es broma- es que aun de ser perniciosa la decisión de la Junta Monetaria, hay una cuestión que no puede curar ni entrando al túnel del tiempo. La superintendenta Arregui se posesionó a fines de abril de 2019, cuatro meses después de dictada la resolución de marras. Ninguna responsabilidad puede tener en este asunto, al punto que el informe para su expedición fue presentado por el anterior superintendente, Juan Carlos Novoa, en noviembre de 2018.