Carcelén: conflicto por unas puertas

  Quito

Carcelén: conflicto por unas puertas

Habitantes del conjunto residencial Mastodontes bloquearon espacios públicos. Justifican que es por la inseguridad

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Problemas. Los vecinos del sector se sienten afectados porque la medida adoptada ha limitado su movilidad.HENRY LAPO

“Son bonitas. Aniñadas”, dice Luis Tarapues, presidente de Carcelén Bajo, en el norte de Quito, al referirse a las puertas que han colocado sus vecinos del conjunto habitacional Mastodontes, en varias de sus calles.

Pero estas, que se habrían puesto por la creciente inseguridad, hacen que el resto de habitantes se sientan encerrados e, incluso, discriminados.

Luis cuenta que ya ha habido ‘encontrones’ entre moradores por esta medida, pues los habitantes de Carcelén Bajo dicen que limita su movilidad. “Hay que darse una gran vuelta para llegar al parque, por ejemplo”, dice Marco Cóndor, también dirigente barrial.

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Allí, junto al parque pusieron una de las puertas y esa fue “la gota que derramó el vaso”, según Tarapues. Vecinos, sobre todo de la tercera edad, caminan por ahí para ejercitarse.

“Nos paramos duro. Tuvimos que llamar a la Policía y con ellos poner unas cadenas”, reseña Marco Cóndor.

Esto para los otros moradores fue como una afrenta. En la página oficial de la urbanización Los Mastodontes reclaman por un supuesto atentado. “Moradores de Carcelén Bajo están destruyendo los accesos controlados”, reza una publicación del 3 de febrero.

Lucía Espinosa, moradora de Los Mastodontes, defiende la medida aunque reconoce que no es técnica. “Si las autoridades no nos defienden, tenemos que hacerlo nosotros mismos”. Comentó que el problema es la construcción de la calle Jaime Roldós Aguilera.

“Se conectaron con otros barrios, pero no nos respetaron”, agregó. Este nuevo flujo de vehículos ocasionó, según Espinosa, el aumento de robos y asaltos en su sector, considerado como uno de los de más incidencia de delitos en el norte de la capital.

Dina Romero vive en Los Mastodontes y nunca estuvo de acuerdo con la colocación de las puertas. Eso le provocó algunas agresiones.

“Nos gritaron que queremos vivir como simios. Que somos indios”, contó.

Agregó que también recibió golpes el 24 de noviembre pasado, por lo que sacó una boleta de auxilio para su protección. Todo por no querer pagar la cuota de 170 dólares para poner las puertas.

“Les dije que primero me muestren que es legal cerrar las calles públicas”, espetó.

Marco Cóndor agregó que “está fichado” por algunos habitantes, pero que lo único que ha hecho es defender la movilidad de la comunidad.

Esta puerta no deja caminar por la acera. Afecta a los vecinos, no a los ladrones.

Marco Cóndor, vecino del sector de Carcelén

“Esta puerta no deja caminar por la acera. Afecta a los vecinos, no a los ladrones, porque ellos se trepan nomás”, comentó Cóndor.

Por eso aducen que no se trataría de seguridad, sino de “discriminación”, ya que supuestamente en esos ‘encontrones’ han recibido varios insultos referentes a su condición social o étnica.

Espinosa respondió que las palabras han salido de lado y lado. “Nos han dicho que qué nos creemos, pero no tenemos nada en contra de Carcelén Bajo”, espetó.

EXPRESO se comunicó con la Administración Zonal La Delicia para solicitar información, pues los moradores contaron que ya han ingresado reclamos a la entidad.

Desde el departamento de comunicación respondieron que “no existen voceros de este tema y que no podían ayudar”. Quien sí contestó fue la Agencia Metropolitana (AMC) de Control y desde allí informaron que “esas puertas no pueden estar ahí”, pero que la AMC no las puede retirar”.

Para ello se establecieron mesas de trabajo en las que la Administración Zonal tendría la posta.

Fausto Miño, comandante policial de la zona de La Delicia, comentó que aún no se registran riñas y que todo depende del Cabildo. En el Distrito de Policía tampoco se han registrado denuncias por robos en la zona, según el gendarme.

“Pero los espacios donde están las puertas son públicos. Eso es claro”, concluyó.

El detalle

Solución. El dilema generado en este sector del norte de Quito no podría ser solucionado ni siquiera por el Municipio del Distrito Metropolitano.